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Todo ser humano es titular de derechos

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Los derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano. Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, posee sus derechos, sin ningún tipo de discriminación. Aún más: los derechos humanos son inalienables, lo cual significa que nadie puede “otorgar” o “quitar” esos derechos y que son igualitariamente aplicables a todo el mundo.

La idea de los derechos humanos partió de la necesidad de proteger al individuo contra el uso (arbitrario) del poder del estado. Esta idea tomó un mayor impulso después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se adoptó la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, seguida por el Convenio Internacional de Derechos Políticos y Civiles (1968), el Convenio Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (1968) y otros muchos tratados, convenios y declaraciones, no sólo a nivel mudial sino también nacional. Era evidente que los esquemas nacionales para la protección de los derechos humanos no bastaba, y necesitaba complementarse con un sistema de normativas de carácter internacional.

La convención sobre derechos humanos más reciente y sin duda de suma importancia es la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas en Contra de las Desapariciones Forzadas, adoptada por las Naciones Unidas en diciembre de 2006.

El Estado es portador de deberes

Todos los tratados de derechos humanos y otros documentos reflejan la noción de que es un deber primordial de los estados y sus autoridades o representantes el proteger, respetar y fomentar todos los derechos humanos:

  • La ley debe proteger todos los derechos humanos. Esto es lo que se conoce como “estado de derecho”. En términos prácticos, esto significa que los estados tienen el deber de asegurar que la constitución y otras leyes están adaptadas a la protección de los derechos humanos, tanto en lo que se refiere a las relaciones entre el estado y los individuos (ciudadanos y/o extranjeros) como a las relaciones entre los propios individuos (ciudadanos y/o extranjeros) Además, cualquier conflicto en relación con estos derechos debe ser presentado para sentencia ante un sistema judicial competente, imparcial e independiente.
  • Los estados tienen el deber de asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y otros representantes de la ley, los ciudadanos, corporaciones y otros actuantes no gubernamentales que operen dentro de sus límites. Frecuentemente esto significa que el estado debe abstenerse de actuar, por ejemplo abstenerse de entorpecer a las personas de reunirse o elegir su propia educación. Sin embargo a veces esto también significa que el estado no debería abstenerse de actuar sino emprender la acción. Por ejemplo, invirtiendo en la seguridad de aquellos que desean reunirse libremente o manifestarse, para que no resulten amenazados por aquellos que pudieran tener opiniones distintas.
  • Los estados tienen el deber de asegurar que se fomenten y pongan en práctica los derechos humanos, de tal forma que los individuos puedan disfrutarlos plenamente. Esto implica con frecuencia el desarrollo de políticas adecuadas, la asignación de un presupuesto adecuado y otros recursos propios del estado, así como la creación de un espacio en el que los actuantes no gubernamentales puedan realizar su trabajo de forma correcta.

Los principios legales contra la práctica diaria

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A pesar del hecho de que en principio todo ser humano tiene el privilegio de poder disfrutar plenamente de sus derechos humanos, en la vida diaria sucede con frecuencia que los estados no cumplen con lo acordado en la legislación internacional sobre derechos humanos. No toman sus derechos y responsabilidades (suficientemente) en serio. Violan derechos humanos, hacen desaparecer a personas, no combaten las formas más extremas de pobreza, favorecen a ciertos grupos étnicos y religiones, o discriminan a mujeres y homosexuales. Por este motivo los ciudadanos desconfían del estado y de todos aquellos que actúan en su nombre. Frecuentemente no se atreven a reclamar sus derechos o acusar (legalmente) al estado por la violación de estos derechos, porque es demasiado peligroso hacer algo así. En otras ocasiones el estado apenas existe como tal. Este fenómeno es conocido como “estado fallido”.

Un estado fallido puede ser definido como:

  • Incapaz de controlar su territorio o garantizar la seguridad de sus ciudadanos,  
  • Incapaz de mantener su orden legal interno,
  • Incapaz de proporcionar a su población servicios públicos o de crear las condiciones adecuadas para tal provisión.

En estas circunstancias el poder del estado lo ejecutan en realidad grupos políticos, religiosos y/o armados, a menudo violentos, que controlan parte del territorio, a sus habitantes y sus recursos naturales. Estos grupos no gubernamentales normalmente no perciben ningún sentimiento de adhesión a la comunidad internacional ni ningún compromiso con cualquier acuerdo internacional.

Además, especialmente como una consecuencia de la globalización económica, la influencia y alcance del comercio internacional ha crecido. No es una excepción que un estado (habitualmente pequeño y pobre) tenga que tratar con sociedades transnacionales que sobrepasan el poder del estado en términos de capacidad, recursos financieros y poder económico. Esto ha abierto un debate en aumento sobre el papel y las responsabilidades de este tipo de corporaciones con respecto a los derechos humanos.

La lucha para hacer reales los derechos humanos

A pesar de que aún queda mucho por hacer en cuanto al entorno de la normativa de los derechos humanos, aún está por llegar un gran reto: que el portador de deberes ponga en práctica esa normativa, y que se mantenga constante en sus obligaciones. La sociedad civil juega aquí un papel fundamental, y posee varios medios a su disposición:

  • Usar las normas internacionales reconocidas y aceptadas como referencia para ejercer presión y apoyar,
  • Presenter casos,
  • Usar los instrumentos legales existentes para mantener al estado responsable,  
  • Presionar a otros estados para tomar medidas o instalar procedimientos legales internacionales, etc.

Desapariciones forzadas: responsabilizar al estado cuando esto ocurre

La desaparición forzada es una de las más flagrantes violaciones de los derechos humanos. Después de haber mencionado esto, hay que afirmar que cada día desaparecen personas en contra de su voluntad en todo el planeta. Se les mantiene bajo custodia secreta sustrayéndoles del sistema legal, con lo que se les priva de todos sus derechos. De acuerdo con la legislación internacional, las instituciones legales que cometen tales violaciones han de asumir su responsabilidad, lo mismo que cualquier tipo de actuante no gubernamental que ostentase poderes gubernamentales en situaciones en que el estado se halle desintegrado. Responsabilizar al estado de estos hechos es una tarea primordial de la comunidad internacional. Ésta debe actuar denunciando la violación legal, asistir a las familias del desaparecido, apelar a los organismos internacionales o instaurar sanciones que castiguen a los líderes. En el campo de batalla mundial esto no suele suceder, especialmente cuando están en juego otros intereses (bien sean económicos, políticos o militares).