Las Comisiones de la Verdad y Reconciliación son organismos oficiales creados para investigar violaciones de los derechos humanos y de la ley humanitaria internacional durante un periodo de tiempo. Estas comisiones tienen una duración limitada, un objetivo específico y concluyen con un informe final y recomendaciones para cambios. Debido a su propósito tienen un mandato u objetivo específico. Funcionan a través de diversas formas de organización y adoptan una amplia gama de procedimientos.

Las CVR no tienen poderes judiciales. No son tribunales ni organismos judiciales. Pueden publicar los nombres de los responsables de violaciones de derechos humanos, pero no les pueden procesar, juzgar ni sancionar.

Las CVR pueden ser creadas por:

• Gobiernos (por ejemplo por gobiernos de transición después de conflictos),
• Acuerdos de paz entre las Partes en conflicto,
• Naciones Unidas, y   
• Organizaciones locales (por ejemplo, instituciones religiosas).

Las CVR pueden estar formadas por un número variable de miembros, desde un mínimo de 3 a un máximo de 12. Éstos pueden ser personalidades nacionales o internacionales. Dependiendo de la situación, los miembros son elegidos por el gobierno, por Naciones Unidas o por las partes en conflicto. Las características comunes de estos miembros son su independencia e imparcialidad y, preferiblemente, pertenecen a un grupo vulnerable a las violaciones de los derechos humanos.

Es importante enfatizar que la decisión de crear este tipo de comisión, definir sus mandatos y determinar su composición debe basarse en una amplia consulta pública de manera que los puntos de vista de las víctimas y supervivientes sean tenidos en cuenta.

El objetivo de las CVR es recordar y recomendar a las autoridades judiciales nacionales su obligación internacional de investigar las violaciones de los derechos humanos y de la ley humanitaria internacional y de juzgar y sancionar a los responsables.

Al término de su mandato, la CVR ha remitido un número de casos a las autoridades judiciales, recomendándoles que juzguen y sancionen a los responsables.
A veces, las CVR han compartido sus archivos con las autoridades procesales. Los informes finales de las CVR han sido frecuentemente utilizados como prueba por tribunales nacionales e internacionales en procesos judiciales contra perpetradores de violaciones de los derechos humanos.

En algunos casos, la adopción de leyes de amnistía o de medidas similares ha impedido a las autoridades nacionales poner en práctica la recomendación de la CVR de juzgar a los presuntos perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos (como en El Salvador). Estas leyes de amnistía son incompatibles con la ley internacional de derechos humanos y deben declararse nulas y sin fuerza legal.

El informe final de las CVR debe publicarse en su totalidad. Además, debe difundirse lo más ampliamente posible. Es un documento de referencia fundamental y puede utilizarse como prueba tanto en procesos judiciales nacionales como internacionales (como en el caso de Guatemala, en el que tanto los tribunales nacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido en cuenta los hallazgos de la Comisión de la Verdad como prueba adicional en sus procesos judiciales para determinar la responsabilidad individual o estatal).

Dependiendo del mandato de las CVR, las recomendaciones pueden ser vinculantes o no vinculantes (en los casos de El Salvador y Perú, por ejemplo, las recomendaciones son vinculantes).

Las ONG pueden desempeñar un papel importante en la creación de las CVR y durante el funcionamiento de éstas: