El estado de los derechos humanos en el mundo

América

Declaración Universal de Derechos Humanos: 60 años después

A las iniciativas de los países latinoamericanos se debe en gran medida que los derechos humanos sean en la actualidad uno de los pilares del proyecto de la ONU. Tras la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos no ocupaban un lugar destacado en la lista de prioridades de las principales potencias que participaron en la redacción de la Carta de la ONU, entre ellas Estados Unidos. Sin embargo, en 1945, justo antes de la celebración del acto fundacional de la ONU en San Francisco, la Conferencia Interamericana reunida en Ciudad de México decidió solicitar la inclusión de una declaración internacional de derechos en la Carta de la ONU, hecho que habría de conducir finalmente a la adopción de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. En mayo de 1948, varios meses antes de la adopción de esta Declaración, la Conferencia Interamericana había adoptado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el primer instrumento general de derechos humanos del mundo.

Esta contribución crucial a los derechos humanos internacionales se vio ensombrecida en años posteriores por los regímenes militares imperantes en gran parte de la región. Desde la década de 1960 hasta mediados de la de 1980, numerosos países latinoamericanos soportaron durante años gobiernos militares caracterizados por violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos.
Algunas violaciones, como las desapariciones forzadas, se convirtieron en característica de estos regímenes y en objetivo de las acciones de Amnistía Internacional en la región durante esos años.

[...]

2007 a examen «La guerra contra el terror»

Seis años después del comienzo de la denominada «guerra contra el terror», Estados Unidos seguía manteniendo recluidas bajo custodia militar indefinida a centenares de personas sin cargos ni juicio en Afganistán y Guantánamo, y a varios miles más en Irak.

En julio, el presidente George W. Bush dio luz verde a la continuación del programa de detenciones e interrogatorios secretos puesto en marcha por la CIA. El hecho de que el presidente volviera a dar su visto bueno a este programa –una más de la larga lista de acciones políticas ilegales llevadas a cabo por el gobierno estadounidense en el marco de la «guerra contra el terror»– supuso un claro rechazo de los principios en los que se basa la Declaración Universal de Derechos Humanos. De hecho, el presidente Bush dictó su orden ejecutiva un año después de que dos órganos de la ONU encargados de la vigilancia de los tratados indicaran al gobierno estadounidense de manera inequívoca que las detenciones secretas constituían una violación de las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos.

En 2007, en un momento considerado crucial para los derechos humanos, la atención de quienes buscaban justicia para los detenidos de Guantánamo se centró en la Corte Suprema de Estados Unidos. En febrero, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia había resuelto que las dispociciones de la Ley de Comisiones Militares que privaban a los tribunales de la facultad de examinar las peticiones de hábeas corpus eran aplicables a todos los detenidos de Guantánamo. La Corte Suprema rechazó en un principio una apelación contra este fallo. En junio, sin embargo, adoptó una decisión casi sin precedentes y anuló su resolución anterior. El 5 de diciembre escuchó las alegaciones orales, en las que el gobierno argumentó que, aun cuando los detenidos tuvieran derecho de hábeas corpus (lo que, en su opinión, no era el caso), la revisión judicial limitada a la que tenían acceso era un«mecanismo sustitutorio adecuado».

El hábeas corpus –el derecho de una persona a que un juez determine la legalidad o no de su detención– es un principio fundamental de todo Estado de derecho. Las personas bajo custodia de Estados Unidos a las que se ha privado de este recurso se han convertido en objeto de desaparición forzada, traslado y detención secretos, procedimientos judiciales injustos, y tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sesenta años después de su adopción, este tipo de políticas y prácticas constituyen una afrenta al mundo que se deseaba construir con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Está previsto que la Corte Suprema dicte una resolución sobre la cuestión del hábeas corpus a mediados de 2008.

[...]

Justicia e impunidad

En abril, la Cámara Federal Penal de Buenos Aires resolvió que los indultos concedidos en 1989 al ex general y ex máximo mandatario Jorge Videla y al ex almirante Emilio Massera por delitos tipificados en el derecho internacional eran inconstitucionales y, por tanto, nulos y sin valor.

En septiembre, en una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de Chile aprobó la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori para ser juzgado en Perú por cargos de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

En noviembre, sin embargo, la Corte Suprema de Chile absolvió a un coronel retirado acusado de la desaparición forzada de tres personas, ocurrida en 1973, aduciendo que el delito había prescrito. Esta sentencia supuso una burla de las normas internacionales de derechos humanos y un revés para todas las personas que trataban de obtener justicia y resarcimiento por delitos cometidos durante el gobierno militar del ex presidente Augusto Pinochet. La Corte Suprema de Panamá resolvió también que las normas sobre prescripción eran aplicables a los delitos de desaparición forzada perpetrados por agentes del Estado entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.

En Chile y Uruguay siguieron en vigor leyes de amnistía para los delitos cometidos durante los gobiernos militares que ocuparon el poder en las décadas de 1970 y 1980. En Uruguay, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno confirmó en septiembre el juicio y la reclusión del ex presidente Juan MaríaBordaberry (1971-1976) como coautor de 10 homicidios. En diciembre, el general Gregorio Álvarez, ex presidente del país (1981-1985), fue detenido y acusado de haber sido coautor de las desapariciones forzadas de más de 30 personas.

En México, un juez federal resolvió en julio que la matanza de estudiantes ocurrida en la plaza de Tlatelolco en 1968 había constituido un delito de genocidio, pero que no existían pruebas suficientes para continuar las acciones judiciales contra el ex
presidente Luis Echevarría.

En la mayoría de los países siguieron sin investigarse de manera adecuada las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado. En Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití y Jamaica, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no eran objeto de acciones judiciales, o lo eran sólo en casos excepcionales.

La corrupción, la ineficacia y la falta de una voluntad política inequívoca de pedir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos caracterizaron a los sistemas judiciales en muchas zonas de la región. Siguió suscitando también una honda preocupación la utilización de tribunales policiales y militares para juzgar a miembros de la policía y de las fuerzas armadas responsables de violaciones de derechos humanos. En Colombia, por ejemplo, una gran parte de los más de 200 homicidios a manos de las fuerzas de seguridad denunciados en 2007 se remitieron al sistema de justicia militar, que solía aceptar la afirmación de los militares de que las víctimas habían muerto en combate, y archivaba las causas sin llevar a cabo más investigaciones. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que miembros del ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos contra varios civiles durante el desarrollo de operaciones de mantenimiento del orden. A pesar de la sistemática parcialidad de los tribunales
militares en las causas relacionadas con los derechos humanos, la Comisión no recomendó que estas causas se juzgaran en tribunales civiles.

En lo que se refiere al comportamiento de Estados Unidos en la «guerra contra el terror», siguió constituyendo un grave problema la falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, sobre todo en los niveles superiores de la cadena de mando.

[...]

Asia y Oceania

Declaración Universal de Derechos Humanos: 60 años después

[...]

Los persistentes conflictos y el aumento de los actos violentos de grupos armados han seguido generando graves abusos en toda la región, debilitando la seguridad de millones de personas. Además de las poblaciones de personas refugiadas a las que se niega una solución duradera, continúa habiendo cientos de miles de desplazados internos a causa de los conflictos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad de muchos países llevan decenios gozando de impunidad por violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos perpetrados en nombre de la «seguridad nacional». La inestabilidad política y la reafirmación de la autoridad militar –a menudo mediante la imposición del estado de excepción– han debilitado instituciones cruciales para la protección de los derechos humanos, o han paralizado su reforma, en diversos países.

En este año de conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en muchos países no ha dejado de ser un mero sueño la perspectiva de un recurso efectivo para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

[...]

Conflictos armados y represión política

[...]

Movido por el interés en mostrarse como un aliado en la «guerra contra el terror», Pakistán, que ya vivía una situación delicada, se sumió en el caos político en noviembre, al declarar el general Pervez Musharraf el estado de excepción y suspender la Constitución del país. Su actuación se produjo tras cuestionar el Tribunal Supremo la legalidad de su candidatura a la presidencia del país mientras fuese jefe del Estado Mayor del Ejército. En torno a 50 jueces fueron retirados de
puestos importantes del poder judicial. La represión que tuvo lugar a continuación impuso severas restricciones a la libertad de expresión y circulación, y miles de abogados, periodistas y activistas de derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente. Se fijaron las elecciones para enero de 2008, y los ex primeros ministros Benazir Bhutto y Nawaz Sharif regresaron del exilio a finales de año para presentar sus candidaturas. Desde el comienzo, el proceso se vio empañado por la
violencia, que culminó en el asesinato de Benazir Bhutto en diciembre.

En toda la región fue generalizado el aumento de la violencia, la inseguridad y la represión política, incluidas las restricciones a la libertad de expresión. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas que intentaron salvaguardar sus derechos pacíficamente estuvieron expuestos a una amplia variedad de abusos.
Los secuestros y las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos afectaron a toda la región y, en muchos casos, se llevaron a cabo con impunidad.

En agosto comenzaron en Myanmar protestas a gran escala contra
las directrices económicas y políticas del gobierno. Al menos 31 personas, aunque probablemente fueron más de 100, murieron durante la represión que las autoridades emprendieron a continuación, y se creía que aproximadamente el mismo número de personas fueron víctimas de desaparición forzada. Aunque la respuesta inicial de la comunidad internacional fue firme, al finalizar el año se había debilitado. Al final del año, las personas detenidas por motivos políticos continuaban recluidas y recibiendo condenas, pese a las garantías ofrecidas por el gobierno a la ONU y a sus afirmaciones de vuelta a la «normalidad».

Las desapariciones forzadas, los homicidios ilegítimos, las detenciones arbitrarias y la tortura siguieron caracterizando al persistente y creciente conflicto entre las fuerzas del gobierno de Sri Lanka y el grupo armado de oposición Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Las dos partes implicadas en el conflicto perpetraron ataques armados contra la población civil ylos Tigres de Liberación de Eelam Tamil cometieron ataques indiscriminados contra ésta. Las desapariciones forzadas parecían seguir formando parte de la estrategia de contrainsurgencia del gobierno, y era frecuente que las
llevaran a cabo las fuerzas de seguridad o grupos armados que actuaban con su complicidad. Cientos de miles de civiles quedaron desplazados de su tierra natal, especialmente en el norte, mientras el conflicto proseguía. A medida que se fueron intensificando las hostilidades, se restringió cada vez más el espacio para la disidencia
y hubo periodistas, especialmente los relacionados con medios de comunicación tamiles, que fueron víctimas de ataques, secuestros y homicidios. A pesar de que existían pruebas de peso, las autoridades no investigaron de modo efectivo ni procesaron a los responsables de homicidios ilegítimos.

Europa y Asia Central

[...]

2007 a examen. Seguridad y derechos humanos

Uno de los asuntos más alarmantes en este ámbito es el de las «entregas  extraordinarias». A lo largo de 2007 salieron a la luz datos sobre la complicidad de Estados europeos en el programa de detenciones secretas e ilegales dirigido por Estados Unidos que, definitivamente, no admitían discusión. También vinieron a demostrar que los gobiernos habían sido cómplices en el traslado de personas a países extranjeros al margen del Estado de derecho, así como en desapariciones forzadas y en la tortura y otros malos tratos infligidos a las víctimas de tales entregas
y detenciones secretas. Además, se han identificado claramente los vacíos legales que favorecían la conducta ilegítima de los servicios nacionales de información dentro y fuera de Europa y los protegían frente a la rendición de cuentas; sin embargo, la invariable respuesta de los Estados siguió siendo el silencio y la pasividad

Prefacio

PARTE 1 Perspectiva regional
África
América
Asia y Oceanía
Europa y Asia Central
Oriente Medio y Norte de África

PARTE 2 (Listado de países)

PARTE 3 Selección de tratados internacionales y regionales de derechos humanos
Selección de tratados internacionales de derechos humanos
Selección de tratados regionales de derechos humanos

PARTE 4 Las Secciones  de  Amnistía Internacional
...Quiero  ayudar
Publicaciones de Amnistía 
Internacional en español